Violentando la orden de la jueza Lisseth Vallecillo, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario trasladaron a los siete defensores del Río Guapinol a la cárcel de máxima seguridad La Tolva, ubicada en Morocelí, departamento de El Paraíso.
El pasado 1 de septiembre, Lisseth Vallecillo, jueza de jurisdicción nacional, dictó auto de formal procesamiento por los delitos de incendio agravado y privación injusta contra los defensores, con la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo a la orden judicial, y a petición de la familia y defensa, los ambientalistas del Río Guapinol deben cumplir la medida de prisión preventiva en el Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro.
La orden judicial fue recibida por la abogada Maribel Vásquez, el 2 de septiembre a las doce del mediodía.
El abogado Mario Rojas, integrante del equipo legal de defensa, explica que la información del traslado fue confirmada la tarde del jueves 4 de septiembre, por una delegada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH).
Rojas señala que las autoridades penitenciarias estarían incurriendo en un delito: “están desobedeciendo una orden judicial de un juez competente, en ese sentido, está acción va encaminada en un castigo hacia los defensores de la tierra, llevándolos a un centro penal de máxima seguridad, extendiendo la agonía de los familiares y la tortura física y psicológica de los defensores”.
Tratos crueles
Frente a la incertidumbre de los familiares y de las organizaciones que acompañan y exigen la libertad inmediata de los ambientalistas del Río Guapinol, defensores de los derechos humanos se reunieron con el abogado Orle Solís, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Honduras (MNP-CONAPREV).
El abogado Orle Solís confirmó que los defensores del Río Guapinol fueron recluidos en los módulos 1 y 2 del área conocida como “mínima”.
Reiterando lo establecido en la orden judicial, Solís informó a Radio Progreso que los ambientalistas denunciaron que, al momento que serían traslados al centro penal de Olanchito, las autoridades penitenciarias recibieron una llamada de un supuesto Coronel, quien dio la orden para el traslado a la cárcel de máxima seguridad La Tolva.
“Se les llevó sin sus camisas, ellos se encuentra con camisetas porque otros privados de libertad les han prestado, nos preocupa porque eso va en contra de las reglas mínimas establecidas por las Naciones Unidas, Reglas Mandela, que habla cuál debe de ser el trato para el privado de libertad”, denunció Orle Solís, tras detallar sobre la visita realizada, la noche del jueves, a la cárcel La Tolva.
Mientras las defensoras, que se reunieron con las autoridades del CONAPREV, observaban las fotografías tomadas a los defensores del Río Guapinol dentro de la cárcel La Tolva, el abogado Orle Solís aseguró a Radio Progreso que en las próximas horas interpondrán una denuncia para que se investigue quiénes desobedecieron la orden judicial, lo que constituye un delito.
Orle Solís deja claro que los familiares, amigos y personas allegadas a los defensores del Río Guapinol puede obtener un permiso especial para realizar una visita, valiéndose del artículo 18 del reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario.
“A ningún privado de libertad se le puede prohibir la comunicación con su familia, con su abogado, con sus amigos, es lo primero que debe de establecer el Estado que es el responsable de la custodia”, instó Solís, recordando que dichos procedimientos también están establecidos en la Constitución de la República.
El comisionado del CONAPREV también denunció que a los defensores del Río Guapinol se les despojaron de sus pertenencias de aseo personal y dinero.
Mayor vulnerabilidad
Horas antes de conocerse que los defensores del Río Guapinol estaban privados de libertad en cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, el equipo de defensa legal presentó un recurso de Habeas Corpus, ante la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el cual indica que la prisión preventiva contra los ambientalistas es ilegal.
El abogado Carlo Jiménez, integrante de la defensa legal, dice que la prisión preventiva contra los siete ambientalistas es ilegal porque el Juzgado de Jurisdicción Nacional no tiene competencia para conocer el caso; y, por otra parte, la juez Lisseth Vallecillo no motivó por qué dictó la medida cautelar de prisión, por tanto viola el derecho a la defensa de los imputados.
“La presión preventiva es la medida más gravosa que puede imponerse a un imputado, por lo cual nuestro Código Procesal Penal establece una serie de requisitos que deben ser estrictamente acreditados, en este caso la señora juez en su resolución solo dicta la medida de presión preventiva, diciendo que va a motivar después su resolución”, detalló Jiménez.
En la acción de Habeas Corpus, además, se denuncia que los delitos por los que han sido procesados los defensores del Río Guapinol no son de competencia de los Tribunales de Jurisdicción Nacional.
Para el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, la resolución en contra de los ambientalistas del Río Guapinol deja en estado de mayor vulnerabilidad a los defensores, porque se está sentado un precedente en el que se utiliza la jurisdicción nacional, comparada con la militar, para detener la lucha y defensa por los bienes comunes.
Joaquín Mejía indica que si la Sala de lo Constitucional no resuelve la acción de Habeas Corpus a favor de los defensores del Río Guapinol se seguirá demostrando que en Honduras hay justicia selectiva, tal como lo señaló en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Esperamos que la Sala cumpla con su papel y puede garantizar los derechos de estas personas, y, lógicamente, lo que nos va a quedar, independientemente de la resolución, es continuar denunciando a nivel internacional lo que está pasando en el país porque estamos en una dictadura”, manifestó Mejía.
Las autoridades del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura Honduras (MNP-CONAPREV) aseguraron que han comenzado con la redacción de un oficio, en el que solicitarán a las autoridades de la Cárcel La Tolva la autorización del ingreso de los familiares y puedan reencontrase con los defensores del Río Guapinol.
Arbitrariamente envían a cárcel de máxima seguridad a defensores del Río Guapinol