El pasado 9 de julio, expertos de Naciones Unidas en derechos humanos instaron al gobierno de Honduras a dejar de criminalizar a tres defensoras de los derechos del pueblo garífuna. Todas ellas trabajan para proteger a las comunidades garífunas y sus territorios ancestrales.

Giorgio Trucchi | Rel UITA


Foto: Gerardo Iglesias

Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, y Francisco Cali Tzai, relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, condenaron la detención arbitraria de Silvia Bonilla FloresMarianela Mejía Solórzano y Jenifer Mejía Solórzano, miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

Las dos hermanas Mejía Solorzano fueron apresadas el 3 de marzo por los supuestos delitos de usurpación de tierra, daños y amenazas. Sucesivamente, el juez dictó auto formal de procesamiento y otorgó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.

Ambas podrían enfrentarse a 10 años de prisión.

Juntos a ellas han sido denunciados 32 miembros de la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro, en la Bahía de Trujillo, noreste de Honduras.

Todos son acusados de haber “invadido” unos lotes que son parte del territorio ancestral garífuna, ilegalmente enajenado por la municipalidad de Trujillo a finales de los años 70 y que ahora está siendo recuperado.

Jenifer Mejía y otros 28 comunitarios cuentan también con una orden de captura por otro caso de supuesta usurpación y robo con violencia. Además, la defensora es acusada por el absurdo delito de ‘desplazamiento forzado’.

Estado perseguidor

Silvia Bonilla Flores, de 76 años, fue detenida el 16 de junio por los supuestos delitos de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras. El 2 de julio se le dictó sobreseimiento provisional.

“El momento de la detención de las hermanas es preocupante, ya que tuvo lugar un día antes de la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia de las comunidades garífunas emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, detalló Lawlor.

En 2015, la Corte IDH falló a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Los jueces ordenaron entonces al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a la comunidad, en dominio pleno y en garantía de ocupación.

Seis años después, el Estado sigue negándose a cumplir la sentencia.

Los relatores de Naciones Unidas manifestaron su profunda preocupación por el hecho de que estas nuevas detenciones se producen en un contexto de “violencia, ataques y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y las mujeres en Honduras”.

Instaron a las autoridades a “abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos”.

Asimismo, les urgieron ofrecer “una protección efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos, en especial las que continúan luchando por los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y del medio ambiente”.

¿Dónde están?

El comunicado fue emitido pocos días antes de cumplirse un año de la desaparición forzada de los jóvenes activistas garífunas de Triunfo de la Cruz.

Para investigar, buscar y hallar a los jóvenes, Ofraneh creó el Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA, “Basta Ya” en garífuna).

Hasta la fecha, no sólo el Estado de Honduras no ha mostrado ningún avance, sino que se ha empeñado en vetar la participación tanto de la comunidad como de dicha instancia internacional.

Por eso, el mes pasado más de 200 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Rel UITA, enviaron una carta pública a las autoridades exigiéndoles su inmediata incorporación a las investigaciones.

FUENTE: https://www.rel-uita.org/honduras/dejen-criminalizar-defensoras-del-pueblo-garifuna/