porta_2Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) expulsaron durante dos períodos académicos a estudiantes que «se atrevieron» a protestar para exigir participación estudiantil.  Los alumnos perseguidos son Sergio Ulloa, de la carrera de Trabajo Social; José Herrera, Dayanara Castillo, Javier Barahona, Moisés Cáceres, alumnos de Sociología y Cesario Padilla, de Periodismo, informó la  integrante del Movimiento Amplio Universitario (MAU), Lucía Vijil.
La decisión de expulsarlos trascendió este 19 de diciembre. Esta persecución ha sido condenada por diversas organizaciones de sociedad civil de Honduras, el claustro pleno de Maestros de Sociología y la Asociación de Docentes de la UNAH (Adunah).
Sociedad civil denuncia intimidación
De igual modo, el 27 de noviembre, en una conferencia de prensa, el ex rector de la UNAH, Juan Almendárez Bonilla, cuestionó la actitud de las autoridades universitarias por su intolerancia.  En esta conferencia estuvieron representantes de movimientos sociales independientes de la UNAH y del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT),  coordinado por el ex rector Almendárez Bonilla.
Durante la conferencia de prensa, denunciaron que esta es una represión sistematizada puesto que los universitarios de la UNAH, con extensión en el Valle de Sula y también de la carrera de sociología, Ovét Córdova, Franklin Benítez, Marcos Rubí y Javier Hernández fueron denunciados ante el Ministerio Público como si se tratase de delincuentes comunes.
También los estudiantes de la UNAH denunciaron ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -durante su visita in loco del 1 al 5 de diciembre- que han sido víctimas de discriminación sexual, detención ilegal, torturas, intimidación judicial, levantamiento de pérfiles, etc.
Reacción de autoridades de la UNAH
Ante las denuncias de sociedad civil, el periódico de la UNAH, Presencia Universitaria, publicó el 22 de noviembre que «las autoridades universitarias ven con preocupación el rol que diversas organizaciones de derechos humanos asumen con los estudiantes universitarios».
«Para los académicos de la UNAH, esas organizaciones más bien tendrían que informar a los jóvenes, apoyarles con planteamientos nuevos y ricos en argumentos, en la estructuración de un discurso real, alejarles de las consignas tradicionales y obsoletas», informó Presencia Universitaria.
«Su intento de recuperar el protagonismo perdido les asemeja a las organizaciones sindicales, campesinas y magisteriales que pasaron de ser líderes de la protesta social y abanderadas de consignas legítimas de alcance nacional en la época de gloria de estas organizaciones, a ser líderes de reivindicaciones económicas de sus agremiados en oposición a los intereses de todos, causando rechazo social y cuestionamiento a sus luchas», divulgó el periódico oficial que atribuyó esta opinión a la directora de Investigación Científica de la universidad, Leticia Salomón.
«Lo más triste de esta historia es cuando leemos que organizaciones de prestigio de nuestro país, que juegan un papel clave en la defensa del derecho a la libertad de expresión, se suman a estos desmanes de forma ingenua, irresponsable o malintencionada, repitiendo como ciertos los argumentos estudiantiles sin investigar si eso es cierto, requisito básico en tareas de comunicación, sin leer la normativa y sin buscar el sustento de la denuncia estudiantil», según Salomón, agregó el periódico estatal.
«El asombro es mayor cuando uno observa a más de algún personaje serio y respetado en el país, repetir en los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, su «rechazo a la decisión universitaria de coartar el derecho a la protesta» y la «persecución de que son víctimas los estudiantes», cuando son requeridos a dar cuentas de sus actos, entre ellos, de impedir la impartición de clases sacando a los profesores, impidiendo el acceso o tomándose los edificios: o son ingenuos, o hacen gala de desconocimiento, o de verdad creen que el fin justifica los medios aunque con ello se regrese a la época oscurantista de la universidad», acotó, en Presencia Universitaria, la directora de Investigación Científica de la UNAH.
Por el contrario, en 2001, cuando Salomón aún no era funcionaria -y trabajaba con organizaciones de sociedad civil- escribió en el libro Honduras: Prensa, Poder y Democracia, «promueven la intolerancia: atacan a las personas y no las ideas. Esta tendencia peligrosa a descalificar a las personas que piensan diferente, puede llegar a constituir un verdadero retroceso en la consolidación de la cultura política democrática».
Sobre el derecho a protestar, en el comentario «Los ojos del poder», publicado en el mismo libro, la socióloga, Julieta Castellanos -en ese tiempo, consultora de organizaciones de sociedad civil y ahora rectora de la UNAH- escribió: «pero este periodismo feroz y hostil contra quien critica, demanda y vigila al gobierno, es igual de hostil frente a las organizaciones que defienden los derechos humanos…Está en contra de una marcha, de una protesta, de un plantón. Convertido en portavoz del gobierno, el periodista niega, inclusive, el derecho a la protesta».
También el periódico oficial de la UNAH cita a Belinda Flores, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, con la opinión siguiente: «Hay que quitarle la careta a los que se esconden atrás de los  estudiantes y descubrir sus verdaderos motivos. Por lo mismo no aparecen los nombres de los autores de esa nota. Quien considere que tiene argumentos para  alguna denuncia que la presente con las pruebas necesarias».
La funcionaria Flores está en una lucha judicial sin precedentes por inhabilitar al periodista Julio Ernesto Alvarado para ejercer el oficio porque el comunicador transmitió denuncias por irregularidades durante su gestión como secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas, según confirma una sentencia de casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.  No es la primera vez que se criminaliza la protesta estudiantil. En la década de los 80, la UNAH fue escenario de desapariciones forzadas, persecución y levantamiento de perfiles de dirigentes estudiantiles.
La importancia del derecho a la protesta
«El derecho a la protesta es un derecho de especial importancia que está establecido en la Constitución de la Republica: se trata de un derecho que nos permite reclamar otros derechos no reconocidos o quebrantados. Sin el derecho a la protesta, todos los demás derechos están en riesgo. Por lo tanto no puede haber excusas de ningún tipo que justifiquen una actitud intolerante o una acción represiva, frente a una protesta que conlleva el reclamo de otro derecho como por ejemplo el impedir la impartición de clases.
Siendo así, no cabe duda que las autoridades que no abren espacios de dialogo para dirimir los conflictos internos, caen en el autoritarismo desmedido que erosiona los más fundamentales principios de la democracia participativa como la participación en la toma de decisiones, en la ejecución de decisiones, en los aportes y en los beneficios que el sistema produce», explicó, Héctor Becerra, Director Ejecutivo de C-Libre.
El Comité solicitó información pública relacionada con este proceso. En ese sentido, el 25 de noviembre pasado, con base en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y demás instrumentos jurídicos que tutelan garantías fundamentales, se solicitó la información pública siguiente:
 -Una copia de los reglamentos con las nuevas normas académicas, aprobados recientemente en la sesión de Consejo Universitario.
-Una copia de las normas y reglamentos que prohíben la contaminación sónica en los espacios universitarios y que estipulan la existencia de procedimientos para solicitar y obtener los espacios apropiados en donde cualquier grupo de estudiantes o profesores pueda expresarse libremente.
-Una copia de la hoja de vida del empleado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Roger Aguilar Flores y, omitiendo datos de índole personal, un informe que precise la forma en que fue contratado.
En el término que establece la LTAIP, la UNAH pidió una prórroga de 10 días hábiles para responder la solicitud y el término legal hábil quedó en suspenso por las vacaciones de diciembre./ Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).