El mayor número de atentados ha ocurrido en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El asesinato del abogado José Eduardo Gauggel es el más reciente de estos crímenes.
El asesinato del abogado José Eduardo Gauggel es el más reciente de estos crímenes.

San Pedro Sula, Honduras.

Los abogados siguen siendo uno de los gremios más golpeados por la violencia que azota al país.

En los últimos 64 meses, 91 profesionales han sido asesinados en Honduras.

Un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) detalla que la mayoría de crímenes contra los abogados sigue en la impunidad, ya que las entidades de justicia no tienen el suficiente personal ni las herramientas necesarias para atender la cantidad de muertes violentas que se reportan a diario.

José Luis Valladares, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), dijo que varios de los casos de asesinatos siguen sin investigar o aún están en sede administrativa, ya que no se ha presentado requerimiento fiscal contra ninguna persona.

“Más del 95% de los asesinatos de abogados siguen en la impunidad. Como Colegio de Abogados estamos preocupados porque no se ha podido dar respuesta a los familiares”, expresó Valladares.LC abogados 130415(1024x768)

Justicia

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) es la nueva policía de investigación, que depende del Ministerio Público, con la que los abogados esperan que la resolución de los crímenes en general sea de forma más beligerante.

Se espera que con la aprobación de la Ley de Protección para los Abogados, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos sea un verdadero paliativo para atacar la inseguridad contra este tipo de profesionales que a diario se ven amenazados. “Como Colegio propusimos que las denuncias de amenazas fueran más efectivas, es decir, que las acciones de protección ya no sean de dos semanas, sino inmediatas, después del análisis de cada la denuncia”, dijo Valladares.

“Algunos fiscales y defensores públicos llevan casos emblemáticos, insignes, que pueden causarles problemas, por lo que se tiene que asignar por parte de los patronos las medidas de seguridad y prevenciones para no exponer a los profesionales del Derecho”, explicó.

Valladares señaló que la carga laboral de los operadores de justicia es una las limitantes: “No es posible que un solo juez lleve 1,700 casos diferentes, o que 1,200 homicidios al año ocurridos en el Distrito Central sean vistos por solo cuatro salas de tribunales de sentencia”.

Varios abogados e incluso sus familias han sido amenazados de muerte y ante la falta de respuesta del Estado en proporcionarles seguridad, han tenido que irse del país.

En una reciente reforma al Código Penal se indicó que la persona que asesine a un defensor público, o cualquier otro operador de justicia, podría ser condenado hasta con cadena perpetua. La petición de los abogados para que se aprobara la ley de protección para profesionales del derecho se cumplió recientemente, la cual tiene 70 artículos y requiere de presupuestos millonarios para su ejecución.

El último crimen de un profesional del Derecho fue contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Eduardo Gauggel Rivas, asesinado con su hijo José Eduardo Gauggel Medina cuando ingresaba a su vivienda en el barrio Los Andes, de San Pedro Sula. Por este caso hay dos hombres capturados como los presuntos homicidas.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/