Violencia de género, una deuda pendiente
Honduras sigue siendo uno de los países más violentos de la región, en especial cuando se trata de mujeres y niñas, según el reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (ODHM) del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
En 2024, el ODHM registró 231 muertes violentas de mujeres, 156 de los casos son femicidios (67,5 por ciento).
La mayoría de víctimas (48 por ciento) eran mujeres adultas (30 a 59 años) y se desempeñaban como trabajadoras del hogar. El 26 por ciento eran mujeres jóvenes (19 a 29 años) y el 13 por ciento menores de edad, incluyendo a 5 niñas menores de 9 años.
A esta violencia femicida se le añaden otros delitos contra la vida de las mujeres, como los 158 casos de tentativa de muerte violenta y los 149 reportes de desaparición (Ministerio Público).
Paralelamente, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) notificó 342 denuncias de mujeres y niñas desaparecidas, el 44,1 por ciento de las cuales son menores de 18 años.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reportó que en 2023 Honduras seguía encabezando la lista de los países de la región con la tasa de femicidio per cápita más alta.
En 2025 la situación no parece mejorar. Ya son 127 las mujeres asesinadas de forma violenta en el primer semestre. Hasta el 30 de abril, el SNE-911 ha registrado 13.034 denuncias de violencia doméstica y 15.647 de maltrato familiar.
Una impunidad infinita
De acuerdo con el Observatorio de Violencia del IUDPAS-UNAH, en las últimas dos décadas (2005-2024) se han registrado al menos 7,736 casos de muertes violentas de mujeres y femicidios, con un promedio anual de 387 víctimas.
De todos estos casos, 904 han llegado a los juzgados y sólo 197 (21,7 por ciento) han logrado una sentencia condenatoria.
“El gran déficit de respuesta en los casos de femicidio, violencia doméstica y violencia sexual repercute directamente en la vida de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares”, advierte el ODHM del CDM.
“Además de la agresión sufrida –continúa el informe– las víctimas deben continuar luchando por justicia, reparación y la garantía de sus derechos. En ese camino, se enfrentan a múltiples obstáculos y a violencia institucional.
La falta de estructura en los distintos organismos públicos y la ausencia de coordinación integral genera burocracia en los procesos, revictimización y daños en el entorno individual, familiar y comunitario”, concluye.
